Declaración conjunta de COENER, CEDICE, Grupo Orinoco y de la SVIP a 2 años del Accidente de Amuay

Declaracion COENER,CEDICE, GO y SVIP a 2años Del Acc Idente de Amuay 250814.Docx by COENER2010

Precio de la gasolina: incapacidad y corrupción

Este es un trabajo publicado por un miembro de COENER, como un trabajo particular de investigación (Green Paper), por lo tanto COENER no se hace solidaria con su contenido:

Juan L. Martínez

El Estado Venezolano ha proporcionado, entre 2002 y 2013, más de 91 mil millones de dólares en subsidios implícitos a los combustibles de uso automotor.

Lamentablemente, una porción de esta inmensa cantidad de dinero ha sido apropiada por la cadena de contrabando de combustibles; diversos estimados y trabajos de investigación indican que cerca de un 15% del volumen de combustibles automotores sale ilegalmente por varios puntos fronterizos.

Por otra parte, estudios en el campo estadístico y social indican que de todo el subsidio que el Estado provee a los combustibles que se utilizan en la actividad de transporte, escasamente un 7% llega de alguna manera al 20% de las familias más pobres, mientras que el 20% de los estratos sociales de mayores ingresos perciben el 39% de dicho subsidio.

A todo esto se debe sumar la alta incidencia de accidentes, así como la pérdida de capacidad de producción petrolera y de procesamiento en refinerías que viene experimentando PDVSA desde 2003, lo cual ha derivado en la necesidad de importar gasolina terminada y diversos componentes, así como combustible diesel. Se estima que desde 2011 Venezuela debe importar entre 10 mil y 50 mil barriles diarios de combustibles, que paga a precios internacionales.

De igual modo, producto de estas graves distorsiones y de la utilización de la industria petrolera nacional con fines políticos, se observa una preocupante falta de inversiones en la infraestructura de refinación, así como de transporte, distribución y de expendios de combustibles.

Debido a incapacidad y corrupción política y gerencial, enmascaradas tras la falsa tesis de que la gasolina debe seguir regalándose en beneficio del pueblo, después de 15 años, y luego de la acumulación de una inmensa deuda interna y externa, esta carga se le hace insostenible al gobierno, y simplemente anuncia, dos días después de un proceso electoral de autoridades regionales, y contrariamente a lo que aseguraron a lo largo de este año, que la gasolina ahora si debe aumentarse de precio debido a que PDVSA pierde mucho dinero con este subsidio.

El planteamiento es sencillamente inaceptable debido a que después de años de abandono y politización, los responsables de la industria petrolera y las autoridades del gobierno no pueden simplemente trasladar su incapacidad a los ciudadanos con la finalidad de mantener en PDVSA una administración de carácter político, ineficiente y sin rendición de cuentas.

Antes de proceder con una medida de esta naturaleza, el gobierno debe responder a la ciudadanía varias preguntas:

1) ¿Por qué se ha permitido llevar a la industria petrolera, y al país, a una situación económica y operativa tan precaria?

2) ¿Por qué en este momento PDVSA ya no puede seguir proporcionando el subsidio si durante los últimos 3 años los precios de exportación de la cesta petrolera venezolana se mantienen en el orden de 100 dólares por barril?

3) ¿Por qué se ha permitido, bajo el conocimiento de las autoridades, una actividad de contrabando de extracción cada vez más desarrollada?

4) ¿Cómo se va a garantizar que una medida de ajuste de precios no va a afectar a los usuarios del transporte público y no va a generar aumentos de precios generalizados en bienes y servicios?

5) ¿Por qué no se han concretado sistemas alternativos de transporte masivo que puedan proveer opciones reales y eficientes a la ciudadanía?

6) ¿Cómo se va a beneficiar el pueblo con este ajuste en los precios de los combustibles? ¿Qué va a hacer PDVSA y el Estado con los ingresos adicionales? ¿Cómo se va a compensar a las familias de menores recursos?

7) ¿Por qué el ministro-presidente de PDVSA, y vice-presidente para el área económica, asegura que el costo de producción de la gasolina es equivalente a más de 28 veces el precio al cual se vende al público? Esto equivale a casi 70 dólares por barril; 3 veces el costo que ha venido reportando el Ministerio de Petróleo y Minería para la cesta de combustibles que se suministra al mercado interno.

8) ¿Acaso PDVSA aspira a que el pueblo subsidie las compras de combustibles en el exterior debido a su pérdida de capacidad de producción y de refinación?

9) ¿Por qué, si el problema es de recursos financieros, no se suspenden de igual modo los negocios políticos internacionales que en materia petrolera hoy acarrean pérdidas por más de 8 mil millones de dólares anuales a PDVSA?

Ante la situación a la cual ha llegado la industria petrolera, este planteamiento de aumento improvisado de precios de la gasolina ameritaría la destitución del ministro-presidente de PDVSA, así como de todo el directorio, tanto de PDVSA como del Ministerio de Petróleo y Minería.

Nuevamente, es momento que los órganos fiscalizadores del Estado, el Ministerio Público, la Contraloría y la Asamblea Nacional, entre otros, asuman su rol y comiencen a hacer su trabajo en beneficio del interés de los ciudadanos.

Siniestralidad de PDVSA en cifras

Juan L. Martínez

La seguridad en las operaciones de PDVSA no escapa de la crisis que atraviesa la industria petrolera en Venezuela.

La reducción en sus niveles de producción, tanto de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, así como de productos refinados, es cada día más inocultable. Las cifras que se reportan en diversas publicaciones especializadas, así como las mismas cifras que reporta PDVSA, así lo confirman.

Luego del lamentable siniestro ocurrido en la Refinería de Amuay el pasado 25 de agosto de 2012, el parque refinador venezolano se encuentra operando en condiciones extremadamente limitadas. Desde 2011 PDVSA se ha visto obligada a importar gasolina y componentes para abastecer el mercado interno, sin embargo, después del referido accidente, los niveles de importación se han incrementado significativamente, llegándose ahora a efectuar importaciones de otros productos refinados, como combustible diesel.

Sin embargo, hasta la fecha poco se comenta sobre los niveles de siniestralidad de la industria petrolera en Venezuela, excepto las sacudidas que se generan en la opinión pública cuando ocurren eventos como el de Amuay, y como el derrame de crudo en el Río Guarapiche, ocurrido a comienzos de 2012; los cuales, en su momento, causaron alarma general y una significativa percepción de que algo no anda bien en esta empresa.

A continuación se podrá constatar, con cifras, que los niveles de accidentalidad de PDVSA, en Venezuela, son extremadamente preocupantes.

Un elemento disparador de este trabajo lo constituyó el contenido del informe técnico que la empresa RJG Risk Engineering llevó a cabo en marzo de 2012, con motivo de una evaluación en los procedimientos y niveles de seguridad en la operación del Centro Refinador Paraguaná (CRP), del cual forma parte la Refinería de Amuay. Esta evaluación fue ejecutada por iniciativa del grupo QBE, como parte de las rutinas de monitoreo de sus clientes a nivel internacional, para efectos de calificar los niveles de riesgo y los requerimientos para una adecuada cobertura en sus pólizas de seguros.

El referido informe indica, en su página 6, bajo el subtítulo “Incidentes”, que durante el año 2011, en el CRP se reportaron 222 eventos, de los cuales cerca de 100 fueron incendios. Sin embargo, lo más delicado es, que a pesar de disponerse en el CRP de buenos procedimientos de reporte y de investigación de accidentes, de todos estos incidentes reportados, solamente unos pocos fueron pasados a la fase de investigación por parte del comité responsable de esta tarea, y únicamente nueve (09) fueron “cerrados” con resultados y recomendaciones, de acuerdo a lo indicado en este informe técnico.

Otro elemento de significativa relevancia es la información que PDVSA revela en sus informes de gestión anual, como parte del contenido de la gestión referida a la Seguridad Industrial en sus operaciones. En estos informes se puede constatar la magnitud de dos indicadores clave en materia de seguridad industrial; el Índice de Frecuencia Neta (IFN), el cual muestra la cantidad de accidentes causantes de lesiones con pérdida de tiempo de labor por cada Millón de Horas de trabajo; y el Índice de Severidad (IS), el cual muestra la cantidad de días perdidos de labor por Millón de Horas de trabajo.

En estos informes puede constatarse, de forma sorprendente, que lejos de reducirse la incidencia de accidentes y su nivel de gravedad, como es la tendencia a nivel global, estos índices aumentan de manera sostenida en Venezuela desde el año 2007, mientras que en CITGO, filial de PDVSA que opera en Estados Unidos, con varias refinerías y terminales de manejo de crudo y combustibles, sus indicadores de seguridad industrial vienen mostrando una significativa mejora, a tal punto que en 2009 y 2010 fue galardonada debido a su exitoso desempeño en esta materia.

La gráfica mostrada a continuación refleja el desempeño de PDVSA en comparación con otras empresas y en relación a los indicadores globales publicados por International Association of Oil and Gas Producers (OGP), en este caso, los referidos a IFN.

La siguiente gráfica refleja el desempeño de PDVSA en relación a sus indicadores de severidad.

En las gráficas se constata que los índices frecuencia de accidentes muestran una tendencia decreciente a nivel global, e incluso en empresas como PEMEX y ECOPETROL, que hasta 1999 tenían altos índices de siniestralidad, en los últimos años han hecho esfuerzos significativos e internacionalmente reconocidos en materia de seguridad industrial.

En cambio PDVSA, con cifras publicadas por esta misma empresa, hace evidente que sus operaciones conllevan niveles inaceptables de riesgo, no solo para sus trabajadores propios y contratados, sino para las poblaciones circundantes, especialmente en aquellas instalaciones cercanas o dentro de áreas de alta concentración poblacional, tal como ocurre con las refinerías de Amuay, Cardón, El Palito y Puerto La Cruz, con otras instalaciones de manejo de combustibles como poliductos y Plantas de Distribución, así como miles de kilómetros de gasoductos y redes de distribución.

Otro elemento que hace reflexionar más profundamente es el hecho que antes de 2003 los niveles de accidentalidad en Venezuela estaban dentro de los parámetros internacionales (OGP) y eran incluso menores que los promedios de la región, tal como se muestra en la siguiente gráfica. De igual modo se observa cómo a partir de 2003 el índice de frecuencia comienza a elevarse superando el promedio regional.

Es hora que este importante aspecto se sume al monitoreo de la gestión de PDVSA, y que se exija al cuerpo directivo de esta empresa estatal, así como a los responsables por parte de Ejecutivo Nacional, una completa rendición de cuentas en materia de seguridad industrial, así como la divulgación de los informes de investigación de la mayor parte de los siniestros más graves, con la identificación de responsabilidades y el resarcimiento adecuado a las víctimas. La Fiscalía General de la República y la Asamblea Nacional deben asumir su responsabilidad y actuar de inmediato.