Comunicado de COENER sobre el anuncio de incremento del precio de la gasolina

COMUNICADO DE COENER SOBRE EL ANUNCIO DE INCREMENTO DEL PRECIO DE LA GASOLINA EN VENEZUELA

El Centro de Orientación en Energía - COENER, asociación civil, cuyo propósito fundamental es incidir en las políticas públicas en el área de energía, hace del conocimiento de los venezolanos su posición sobre la situación del mercado interno de combustibles, el cual ha sido objeto de referencia hace pocos días por parte de funcionarios del gobierno nacional, en el sentido de plantear posibles aumentos en sus precios al consumidor.

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ha venido cargando directamente con el costo de los “subsidios” de los combustibles comercializados en el mercado interno, el cual ha aumentado de manera significativa especialmente desde el año 2002. El llamado subsidio o transferencia vía precios de los combustibles ejerce un impacto negativo en la caja de PDVSA y del fisco, dado que reduce el volumen de “renta petrolera” que en manos del fisco es redistribuido vía gasto público. La no indexación en los precios de los combustibles reduce el ingreso fiscal, en virtud que la renta petrolera se contrae por la dimensión de la transferencia mencionada. Este fenómeno es aún más evidente, en la medida en que el precio de los combustibles no registre el impacto inflacionario acumulado en un largo período, como es nuestro caso.

A pesar del alto costo de este subsidio implícito, que en el caso de los combustibles para uso automotor representa más de 91 mil millones de dólares desde el año 2002, las distorsiones que hoy presenta este esquema se reflejan en un aumento preocupante de fenómenos como el contrabando de extracción, ineficiencia en el uso de los combustibles en el mercado interno y un alto desequilibrio distributivo en la sociedad.

Pero además del subsidio a los combustibles, la actual administración ha impuesto a PDVSA otras pesadas cargas como:

1. El suministro de más de cien mil barriles diarios de petróleo a Cuba, los cuales se argumenta son pagados por el gobierno de ese país con servicios en materia de salud, asistencia deportiva y otros menos identificables.  Es decir, no genera flujo de caja ni en PDVSA, ni en el fisco.

2. El suministro de más de ciento treinta mil barriles diarios a los países firmantes de los “Acuerdos Energéticos” del Caribe, Centroamérica y Suramérica en condiciones favorables de precio y financiamiento para esos países, que ocasionan pérdidas económicas a Venezuela.

3. La utilización de PDVSA en áreas no inherentes a su propósito de empresa petrolera.

4. Pago del Fondo Chino en suministro de petróleo,  por un dinero que PDVSA no recibió.

Todo lo anterior ha reducido la capacidad gerencial, financiera y operativa de PDVSA en un sector altamente competitivo. PDVSA hoy, paradójicamente, con uno de los niveles más altos de reservas de petróleo y gas natural del mundo, con precio récord del petróleo de cien dólares por barril, tiene un nivel de producción mucho más bajo que el nivel que presentaba al inicio del siglo XXI. Como consecuencia, la renta petrolera y la disponibilidad de divisas se han reducido, incrementando  el déficit fiscal e impactando negativamente la balanza de pagos.

 

Esta situación se agrava cuando se observa que, adicional al impacto negativo en las cuentas nacionales como consecuencia del deterioro del sector petrolero, se ha utilizado parte importante de los ingresos fiscales en la adquisición de empresas privadas de diferentes sectores, electricidad, cemento, hierro, aluminio, papel, agrícolas, conexas al sector petrolero, entre otras, que al día de hoy presentan flujos de caja críticos, generándose, adicionalmente, menor producción nacional, desabastecimiento en el mercado nacional, desincentivo a las inversiones e incremento de las importaciones. Este círculo perverso se refuerza a sí mismo cuando se mantiene un elevado déficit fiscal (financiado con endeudamiento y/o dinero inorgánico), lo que genera una creciente inflación y es insostenible en el mediano plazo. Podríamos estar a las puertas de una híper inflación que sólo generará mayores niveles de pobreza.

En conclusión, COENER considera racional un ajuste en los precios de los combustibles en el mercado interno, condicionado a que previamente:

A.      Se establezcan condiciones comerciales en la entrega de crudos a Cuba en las que priven los intereses de nuestra Nación.

B.   Se modifiquen los términos de suministro de crudos y productos a los países signatarios del acuerdo de Petrocaribe, para reducir su impacto en las cuentas nacionales, y modificar la administración del acuerdo para eliminar su impacto en las cuentas de PDVSA.

C.     Se modifiquen los términos comerciales del acuerdo con China que impactan desfavorablemente los ingresos petroleros, y se modifique su administración de modo que su costo no afecte en forma directa las cuentas de PDVSA.

D.       Se establezca un esquema de precios a nivel de puerta de refinería que desincentive o elimine el nefasto contrabando de extracción. El impacto económico que pudiera tener esta medida, oídas las opiniones de los diversos sectores afectados, debe ser manejado por el gobierno a través de medidas compensatorias, cuyos fondos deben reflejarse vía Ley de Presupuesto Nacional. De esta manera los subsidios, de ser necesarios, competirían en igualdad de condiciones con por ejemplo los presupuestos de salud y educación, entre otros, generando racionalidad en la toma de decisiones a nivel de Estado. En ningún caso debe afectarse a PDVSA ni a cualquier otro agente económico del mercado interno, cuyas acciones deben ser remuneradas en términos  comerciales competitivos.

Finalmente, reiteramos que cualquier acción que se tome para recuperar la competitividad en la industria petrolera, y de PDVSA en particular, debe pasar por:

1. Focalización en  su propósito de empresa productora, refinadora y comercializadora de hidrocarburos centrando el Sistema de Gestión en un modelo de excelencia operacional basado en el Ciclo de Mejora Continua (CMC) que permita garantizar un desempeño seguro, confiable y rentable  de PDVSA.

2. Desideologización de la toma de decisiones. En particular, la selección de socios debe obedecer a principios comerciales y de competitividad.

Las acciones mencionadas anteriormente redundarán en el buen crédito y posicionamiento de PDVSA en el mercado internacional.

 

Venezuela está en una de las peores crisis económicas de su historia y la misma podría empeorar de no realizarse un giro de ciento ochenta grados hacia una economía de libre mercado, de respeto a la propiedad privada y del estado de derecho, con el fin de incentivar inversiones y competitividad. La valoración adecuada de la gasolina y los otros combustibles derivados de los hidrocarburos, así como de la electricidad que se consume en el mercado nacional, es sólo una de las aristas que se debe corregir, pero debe ser parte de un conjunto de medidas que coadyuven a superar la actual crisis y coloquen a Venezuela en el camino del progreso.

Caracas 07 de Enero 2014

Ing. Diego J. González Cruz

Presidente

Centro de Orientación en Energía - COENER

Precio de la gasolina: incapacidad y corrupción

Este es un trabajo publicado por un miembro de COENER, como un trabajo particular de investigación (Green Paper), por lo tanto COENER no se hace solidaria con su contenido:

Juan L. Martínez

El Estado Venezolano ha proporcionado, entre 2002 y 2013, más de 91 mil millones de dólares en subsidios implícitos a los combustibles de uso automotor.

Lamentablemente, una porción de esta inmensa cantidad de dinero ha sido apropiada por la cadena de contrabando de combustibles; diversos estimados y trabajos de investigación indican que cerca de un 15% del volumen de combustibles automotores sale ilegalmente por varios puntos fronterizos.

Por otra parte, estudios en el campo estadístico y social indican que de todo el subsidio que el Estado provee a los combustibles que se utilizan en la actividad de transporte, escasamente un 7% llega de alguna manera al 20% de las familias más pobres, mientras que el 20% de los estratos sociales de mayores ingresos perciben el 39% de dicho subsidio.

A todo esto se debe sumar la alta incidencia de accidentes, así como la pérdida de capacidad de producción petrolera y de procesamiento en refinerías que viene experimentando PDVSA desde 2003, lo cual ha derivado en la necesidad de importar gasolina terminada y diversos componentes, así como combustible diesel. Se estima que desde 2011 Venezuela debe importar entre 10 mil y 50 mil barriles diarios de combustibles, que paga a precios internacionales.

De igual modo, producto de estas graves distorsiones y de la utilización de la industria petrolera nacional con fines políticos, se observa una preocupante falta de inversiones en la infraestructura de refinación, así como de transporte, distribución y de expendios de combustibles.

Debido a incapacidad y corrupción política y gerencial, enmascaradas tras la falsa tesis de que la gasolina debe seguir regalándose en beneficio del pueblo, después de 15 años, y luego de la acumulación de una inmensa deuda interna y externa, esta carga se le hace insostenible al gobierno, y simplemente anuncia, dos días después de un proceso electoral de autoridades regionales, y contrariamente a lo que aseguraron a lo largo de este año, que la gasolina ahora si debe aumentarse de precio debido a que PDVSA pierde mucho dinero con este subsidio.

El planteamiento es sencillamente inaceptable debido a que después de años de abandono y politización, los responsables de la industria petrolera y las autoridades del gobierno no pueden simplemente trasladar su incapacidad a los ciudadanos con la finalidad de mantener en PDVSA una administración de carácter político, ineficiente y sin rendición de cuentas.

Antes de proceder con una medida de esta naturaleza, el gobierno debe responder a la ciudadanía varias preguntas:

1) ¿Por qué se ha permitido llevar a la industria petrolera, y al país, a una situación económica y operativa tan precaria?

2) ¿Por qué en este momento PDVSA ya no puede seguir proporcionando el subsidio si durante los últimos 3 años los precios de exportación de la cesta petrolera venezolana se mantienen en el orden de 100 dólares por barril?

3) ¿Por qué se ha permitido, bajo el conocimiento de las autoridades, una actividad de contrabando de extracción cada vez más desarrollada?

4) ¿Cómo se va a garantizar que una medida de ajuste de precios no va a afectar a los usuarios del transporte público y no va a generar aumentos de precios generalizados en bienes y servicios?

5) ¿Por qué no se han concretado sistemas alternativos de transporte masivo que puedan proveer opciones reales y eficientes a la ciudadanía?

6) ¿Cómo se va a beneficiar el pueblo con este ajuste en los precios de los combustibles? ¿Qué va a hacer PDVSA y el Estado con los ingresos adicionales? ¿Cómo se va a compensar a las familias de menores recursos?

7) ¿Por qué el ministro-presidente de PDVSA, y vice-presidente para el área económica, asegura que el costo de producción de la gasolina es equivalente a más de 28 veces el precio al cual se vende al público? Esto equivale a casi 70 dólares por barril; 3 veces el costo que ha venido reportando el Ministerio de Petróleo y Minería para la cesta de combustibles que se suministra al mercado interno.

8) ¿Acaso PDVSA aspira a que el pueblo subsidie las compras de combustibles en el exterior debido a su pérdida de capacidad de producción y de refinación?

9) ¿Por qué, si el problema es de recursos financieros, no se suspenden de igual modo los negocios políticos internacionales que en materia petrolera hoy acarrean pérdidas por más de 8 mil millones de dólares anuales a PDVSA?

Ante la situación a la cual ha llegado la industria petrolera, este planteamiento de aumento improvisado de precios de la gasolina ameritaría la destitución del ministro-presidente de PDVSA, así como de todo el directorio, tanto de PDVSA como del Ministerio de Petróleo y Minería.

Nuevamente, es momento que los órganos fiscalizadores del Estado, el Ministerio Público, la Contraloría y la Asamblea Nacional, entre otros, asuman su rol y comiencen a hacer su trabajo en beneficio del interés de los ciudadanos.

El lado oscuro del subsidio a la gasolina

Juan L. Martínez

El subsidio a los combustibles, en especial los de uso automotor, tiene un efecto pernicioso directo sobre quién lo acarrea, en este caso, la estatal PDVSA, derivándose al Estado venezolano con un costo de más de 16000 millones de dólares para 2012, cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país.

El efecto inmediato que esto viene causando sobre PDVSA es la cada vez mayor precariedad en el mantenimiento de sus sistemas de refinación, así como de su infraestructura de transporte, distribución y comercialización de combustibles.

Es de conocimiento público que Venezuela está importando gasolina desde 2011, y diesel desde 2012, especialmente después del desastre de la Refinería de Amuay el 25 de agosto del año pasado. El costo de estas importaciones podría estar en el orden de 2000 millones de dólares durante 2012.

El sistema combinado de distribución y transporte por poliductos más reciente, el SISCO (Sistema de Suministro Centro Occidental), fue inaugurado por PDVSA en 1993, hace 20 años. La capacidad de manejo de combustibles de estos sistemas es de 380 mil barriles diarios, muy por debajo de la demanda actual del mercado interno venezolano. De ahí que la estatal PDVSA haya tenido que invertir cuantiosas sumas en el engrosamiento de la flota de camiones-remolque, a fin de compensar este déficit de capacidad.

Por otro lado se tiene, y se agrava cada día mas, el problema del contrabando de extracción, el cual se estima roba al país cerca de 50 mil barriles diarios de gasolina y diesel, para ser comercializados a precios muy superiores en Colombia, Brasil, Centroamérica e islas del Caribe.

Sin embargo, aun se escuchan opiniones adversas ante la necesidad imperiosa de reformular estas políticas de subsidios implícitos. Los argumentos que se siguen esgrimiendo se basan en el derecho que tienen los venezolanos a disfrutar de combustible barato ya que somos un país petrolero. Nada más equivocado. Un gobierno fundamentalista como el de Irán tuvo que olvidarse de esto ante la ruina que representaba su mercado interno de energía. A partir de 2011 empezó a ajustar los precios de la gasolina, el diesel y la electricidad con el objeto de llevarlos, gradualmente, a términos equivalentes a su costo de importación.

El modelo distributivo actual quedó al descubierto con el estudio de Gustavo García y Silvia Salvato “EQUIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN VENEZUELA”, publicado en septiembre de 2005 por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (http://www.comunidadandina.org/public/libro_EquidadFiscal_venezuela.pdf).

A partir de estos datos, se puede inferir que la distribución real del subsidio implícito a los combustibles para uso automotor, incluyendo su porción de uso para transporte público, transporte de carga y vehículos particulares, es absolutamente desigual. El 20% de las familias de menores ingresos apenas se beneficia de un 7% de este subsidio implícito, mientras que el 20% de las familias de mayores ingresos percibe el 39% de dicho subsidio.

Todo lo anterior bajo la tesis de que el subsidio llegue de alguna manera a los consumidores, mas sin embargo, hay serias evidencias de que una buena parte del mismo beneficia directamente a grupos económicos asociados a la industria automotriz, transporte público y transporte de carga. Combustible barato o regalado puede incrementar con mucha facilidad la demanda de vehículos de toda gama, así como la rentabilidad de los servicios de transporte.

¿Se refleja verdaderamente el subsidio a los combustibles en las tarifas y la calidad del transporte público y en el precio de los productos que consumimos en Venezuela? Pareciera que no es así.

Hay soluciones para esto y su implementación puede llevarse a cabo con éxito recuperando los costos de producción y distribución, erradicando el contrabando, redistribuyendo la renta de forma equitativa y logrando que la actividad pueda crecer y generar empleos incentivando la participación del capital privado. Todo ello es absolutamente viable con la modificación de la estructura de precios y mediante la instrumentación de un mecanismo de compensación directa destinado a beneficiar a la mayor parte de las familias. Un cambio radical de políticas públicas que verdaderamente distribuya la renta de manera equilibrada.

Precio de la gasolina: tabú cada vez más costoso

Juan L. Martínez

Se puso de moda otra vez. Después de varios años de distorsión estamos descubriendo que con lo que cuesta un litro de agua mineral, hoy puede llenarse un tanque de gasolina.

Los precios de la gasolina y del diesel automotor permanecen congelados desde 1996. Desde hace años son los más baratos del mundo.

Con la devaluación del bolívar, anunciada el pasado 8 de febrero, pasaron a ser aun más baratos.

Lo que menos se sabe es cuál es el costo de esta absurda política para el país, no sólo en dinero o en lo que se denomina subsidio, sino lo que esto representa en el aumento de fenómenos como el contrabando de extracción, el crecimiento del parque automotor y su uso ineficiente, los niveles de contaminación que se están generando, y la injusta distribución de renta, que más favorece a los sectores sociales de mayores ingresos.

En 2011, el costo del subsidio de estos combustibles fue más de 14 mil millones de dólares respecto a la oportunidad de exportación, y más de 3 mil millones de dólares respecto a los costos de su producción, distribución y comercialización. Una parte pasa a los bolsillos de los contrabandistas y cerca del 40% se traslada para el beneficio, en forma de gasolina casi regalada, al 20% de los núcleos familiares de mayores ingresos, sin contar la porción de renta que se traslada a los agentes ligados a las actividades de transporte público y de carga, los cuales hacen uso de combustible barato para operar sin esmerarse en demasía en cuanto a la eficiencia y la calidad de sus servicios. El 20% de las familias de menores ingresos, que agrupan cerca del 30% de la población de menores recursos, los más pobres, perciben únicamente un 7% de la renta que se traslada por medio de este subsidio implícito.

Al igual que se plantea el problema, también es importante que se planteen soluciones. Solución no es simplemente hacerle un ajuste al precio de la gasolina, o como está haciendo el gobierno actualmente, racionarla en las zonas fronterizas. Una solución verdadera debe atacar todas las aristas del problema: contrabando, uso ineficiente, inequidad en cuanto a la distribución de renta, y la falta de inversión que se está registrando en refinerías, en sistemas de transporte, sistemas de distribución y  en la red de estaciones de servicio.

Los combustibles automotores deben ajustar su precio, de manera inmediata, en más de 1000% para cubrir los costos de la actividad, y ajustarse seguidamente hasta alcanzar un precio lo suficientemente adecuado para acabar con los incentivos al contrabando y al despilfarro, para hacer despegar el tan valioso proyecto de Gas Natural Vehicular (GNV) y hacer viable la oferta rentable de otras opciones de vehículos como los híbridos y los eléctricos.

El potencial efecto inflacionario es uno de los argumentos que se utilizan para diferir estas medidas. El efecto de cualquier ajuste de precios, en los costos de la actividad de transporte, es mucho menor al que se trata de transmitir con la intención de persuadir a los que intentan abrir esta importante discusión. Hoy por hoy, el precio del combustible representa un porcentaje marginal en la estructura de costos del transporte público y de carga. Cálculos muy sencillos demuestran que un ajuste promedio de 1000% en los precios, generaría un aumento menor del 15% en los costos de los transportistas.

La renta que se genera de los ajustes propuestos puede, en principio, destinarse a subsidiar un transporte público más eficiente y de mayor calidad, a reforzar programas como el pasaje estudiantil, e invertirse en carreteras y nuevos sistemas de transporte masivo. Pero el gobierno, de antemano, sin ajustar los precios de los combustibles, ya dispone de recursos de sobra para todo esto. El problema es su ineficacia e incapacidad. Por lo tanto, en lugar de quedarse con la renta producto del ajuste de precios a los combustibles, se debe plantear una distribución directa de la misma a los sectores de la sociedad de menores recursos. Además de ser ésta una justa medida, la hace mucho más digerible. Cualquier ajuste, por pequeño que sea, sin una contraprestación clara e inmediata en materia de beneficios a la sociedad, será objeto de rechazo.

Los cálculos combinados con la estadística socio económica venezolana determinan que con estos recursos, pueden proveerse compensaciones económicas a más del 70% de las familias. Con los montos recaudados por la venta de combustibles pueden cubrirse todos los costos de la actividad y compensar suficientemente el impacto inflacionario que la medida pudiera causar. Esto, junto con un adecuado manejo informativo y la puesta a punto de los sistemas de GNV, facilitarían la toma de una decisión definitiva y una solución estructural.

Comunicado COENER ante el Incendio Refinería Amuay (25/08/2012)

 

 Ante la gravedad del siniestro ocurrido en la Refinería de Amuay  y sectores aledaños a ella  en la madrugada del sábado 25/08/2012, en el que perdieron la vida 42 personas , más 150 resultaron heridas y un número aún no determinado permanece desaparecido, el Centro de Orientación en Energía (COENER), organización Civil sin fines de lucro, Integrada por un colegiado de UN CENTENAR de profesionales, venezolanos, con sólida experiencia y formación en el sector energético, cuyo propósito es el de brindar asesoramiento y recomendaciones a los diversos sectores e instituciones del país en materia energética, expresa sus sentidas condolencias y solidaridad en estos momentos de desasosiego y dolor a los familiares de todos los fallecidos y heridos, así como a aquellos cuyos bienes se vieron afectados por este desastre, confiando que reciban toda la atención médica, psicológica e indemnización material que requieren para retornar a la normalidad.

Lo ocurrido en la Refinería de Amuay la pasada semana no es para nada un caso fortuito. Este lamentable accidente, ha sido la consecuencia directa de cambiar la razón de ser de Petróleos de Venezuela, PDVSA S.A, de  una empresa eficiente y productiva concentrada en el negocio de los hidrocarburos, a una institución profundamente politizada al servicio de un modelo político ajeno a la Constitución Nacional. Es evidente que la tragedia de AMUAY esta signada por este proceso de conversión de PDVSA en un brazo ejecutor de múltiples actividades ajenas al negocio petrolero, y eliminación de la necesaria estructura de Organización Industrial que requiere una empresa que explora, explota, produce, refina transporta, investiga y desarrolla, capitaliza su personal, invierte, se expande, opera con eficiencia.  

Creemos firmemente que el accidente de AMUAY no es más que un reflejo de lo que está ocurriendo en el resto del país, tanto en su infraestructura física como institucional. Resulta paradójico que siendo Venezuela, quizás, uno de los países con cuantiosos recursos energéticos del continente americano, haya sufrido severas situaciones críticas de abastecimiento energético. Los análisis efectuados revelan un Sector Energía estructuralmente inestable y, por extensión, desnuda un Estado peligrosamente vulnerable, que de no corregir a tiempo sus causas, no podrá cumplir los compromisos contraídos con su gente, provocando un estancamiento en el crecimiento y desarrollo de la Nación.

La magnitud de esta tragedia y la poca transparencia de PDVSA en aclarar otros accidentes, impone que el Gobierno Nacional designe de inmediato un Comité de Investigación Independiente constituido por expertos Internacionales y Nacionales en el cual, el personal de la Refinería no forme parte sino que preste el soporte requerido para la recopilación de toda la información pertinente ; el referido Comité debe en un plazo perentorio encontrar la causa raíz de esta lamentable tragedia , establecer los responsables y emitir sus recomendaciones para evitar la recurrencia de una fatalidad similar. 

Se exige a la Gerencia del  Centro de Refinación de Paraguaná (CRP) HACER UNA REVISION DETALLADA de las diferentes Plantas, Tanques de almacenamiento, sistemas de seguridad y control  y sus instalaciones conexas de la Refinería AMUAY,  PARA DETECTAR DAÑOS y potenciales VICIOS OCULTOS EN LAS ESTRUCTURAS que garantice su adecuada integridad mecánica antes de ponerlas en operación. En este contexto, también deben implementarse a la brevedad las diferentes recomendaciones derivadas de los diferentes estudios/proyectos de las zonas de seguridad de la Refinería de Amuay.

Asimismo, se hace un llamado a las autoridades de PDVSA a cumplir con todos los planes y programas de contingencia y a seguir con rigurosidad las recomendaciones emanadas de otras investigaciones que garanticen una operación segura y confiable de las plantas, instalaciones y sistemas del CRP.  Paralelamente deberá designarse otro Comité de Evaluación de las Condiciones de Riesgos mayores actuales en todas las Instalaciones de PDVSA  (campos de producción, Refinerías, instalaciones Petroquímicas y de procesamiento/ fraccionamiento de Gas, patios de almacenamiento, plantas compresoras, plantas de inyección de agua, oleoductos, gasoductos y terminales de embarque).

Oportunamente COENER someterá a consideración de la Nación y su dirigencia el  análisis de este terrible accidente y la consiguiente propuesta de naturaleza institucional orientada a la recuperación de la capacidad de creación de valor tanto de la Refinería Amuay en específico, como del Sistema de Refinación Nacional. 

Por último, elevamos una Oración a nuestro Dios Padre Todo Poderoso, para que acoja en su seno a las víctimas de este fatal accidente; a la vez que pedimos que pase su mano sanadora por todos los heridos resultantes del mismo, y les dé, el Consuelo necesario a todos los familiares y amigos.

Caracas  septiembre de 2012.

Centro de Orientación de Energía-COENER , coener@yahoo.com, Teléfonos: 0416 630 1942 / 0416 605 8299