Juan L.
Martínez
El subsidio a los combustibles, en
especial los de uso automotor, tiene un efecto pernicioso directo sobre quién
lo acarrea, en este caso, la estatal PDVSA, derivándose al Estado venezolano
con un costo de más de 16000 millones de dólares para 2012, cerca del 5% del
Producto Interno Bruto del país.
El efecto inmediato que esto viene
causando sobre PDVSA es la cada vez mayor precariedad en el mantenimiento de
sus sistemas de refinación, así como de su infraestructura de transporte,
distribución y comercialización de combustibles.
Es de conocimiento público que Venezuela
está importando gasolina desde 2011, y diesel desde 2012, especialmente después
del desastre de la Refinería de Amuay el 25 de agosto del año pasado. El costo
de estas importaciones podría estar en el orden de 2000 millones de dólares
durante 2012.
El sistema combinado de distribución y
transporte por poliductos más reciente, el SISCO (Sistema de Suministro Centro
Occidental), fue inaugurado por PDVSA en 1993, hace 20 años. La capacidad de
manejo de combustibles de estos sistemas es de 380 mil barriles diarios, muy
por debajo de la demanda actual del mercado interno venezolano. De ahí que la
estatal PDVSA haya tenido que invertir cuantiosas sumas en el engrosamiento de
la flota de camiones-remolque, a fin de compensar este déficit de capacidad.
Por otro lado se tiene, y se agrava cada
día mas, el problema del contrabando de extracción, el cual se estima roba al
país cerca de 50 mil barriles diarios de gasolina y diesel, para ser
comercializados a precios muy superiores en Colombia, Brasil, Centroamérica e
islas del Caribe.
Sin embargo, aun se escuchan opiniones
adversas ante la necesidad imperiosa de reformular estas políticas de subsidios
implícitos. Los argumentos que se siguen esgrimiendo se basan en el derecho que
tienen los venezolanos a disfrutar de combustible barato ya que somos un país
petrolero. Nada más equivocado. Un gobierno fundamentalista como el de Irán
tuvo que olvidarse de esto ante la ruina que representaba su mercado interno de
energía. A partir de 2011 empezó a ajustar los precios de la gasolina, el
diesel y la electricidad con el objeto de llevarlos, gradualmente, a términos
equivalentes a su costo de importación.
El modelo distributivo actual quedó al
descubierto con el estudio de Gustavo García y Silvia Salvato “EQUIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y
DEL GASTO PÚBLICO EN VENEZUELA”, publicado
en septiembre de 2005 por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (http://www.comunidadandina.org/public/libro_EquidadFiscal_venezuela.pdf).
A partir de estos datos, se puede inferir
que la distribución real del subsidio implícito a los combustibles para uso
automotor, incluyendo su porción de uso para transporte público, transporte de
carga y vehículos particulares, es absolutamente desigual. El 20% de las
familias de menores ingresos apenas se beneficia de un 7% de este subsidio
implícito, mientras que el 20% de las familias de mayores ingresos percibe el
39% de dicho subsidio.
Todo lo anterior bajo la tesis de que el
subsidio llegue de alguna manera a los consumidores, mas sin embargo, hay
serias evidencias de que una buena parte del mismo beneficia directamente a
grupos económicos asociados a la industria automotriz, transporte público y
transporte de carga. Combustible barato o regalado puede incrementar con mucha
facilidad la demanda de vehículos de toda gama, así como la rentabilidad de los
servicios de transporte.
¿Se refleja verdaderamente el subsidio a
los combustibles en las tarifas y la calidad del transporte público y en el
precio de los productos que consumimos en Venezuela? Pareciera que no es así.
Hay
soluciones para esto y su implementación puede llevarse a cabo con éxito
recuperando los costos de producción y distribución, erradicando el
contrabando, redistribuyendo la renta de forma equitativa y logrando que la
actividad pueda crecer y generar empleos incentivando la participación del
capital privado. Todo ello es absolutamente viable con la modificación de la
estructura de precios y mediante la instrumentación de un mecanismo de
compensación directa destinado a beneficiar a la mayor parte de las familias.
Un cambio radical de políticas públicas que verdaderamente distribuya la renta
de manera equilibrada.
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